¿Qué se pretende con esta ley?

El objetivo principal es ofrecer un auxilio a aquel que probadamente ha sido un buen pagador, pero que en la actualidad está viviendo un bache económico. Esto no quiere decir que una persona física se vaya a librar con cierta ligereza de unos pagos que debe asumir, ya que esta ley también protege los derechos de cobro de los acreedores.

Es cierto que las personas físicas ya contaban con la posibilidad de acudir al concurso de acreedores. Pero la realidad es que este nuevo mecanismo de segunda oportunidad se ajusta más a sus intereses y constituye un instrumento ideal para atravesar una situación apurada.

De esta manera, al intentar salvar en la medida de lo posible el cobro y no descuidar los intereses del individuo esta ley cumple una doble función. No obstante, no está al alcance de cualquiera y para poder acogerse a ella se han de reunir una serie de condiciones.

Condiciones para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

Para acogerse a esta ley hay que cumplir ciertos requisitos que son los siguientes:

1. Tiene que existir una justificación que pruebe que el deudor no cuenta con el patrimonio suficiente para hacer frente a sus deudas.
2. La cantidad adeudada no puede superar los cinco millones de euros.
3. Las deudas deben haber sido contraídas actuando de buena fe. Este concepto es muy amplio y da pie a nuevas premisas que han de cumplirse para tomar una decisión.

¿Qué significa actuar de buena fe?

Para determinar esta conducta se revisan otra serie de condiciones.

1. En primer lugar, es obligatorio que haya existido un intento de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores. 
2. El deudor no puede haber sido condenado por delitos económicos o patrimoniales contra instituciones públicas como Hacienda o la Seguridad Social. 
3. Es necesario que la persona no sea declarada culpable en el concurso de acreedores. La buena fe no existiría si el deudor contrajo sus deudas sabiendo de antemano que no iba a poder pagarlas o bien si no actuó con la suficiente diligencia.

Finalmente, es necesario para poder acogerse a esta ley no haberlo hecho con anterioridad en los últimos diez años.

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La espiral inflacionista en que se haya sumida la economía española por la vertiginosa recuperación económica mundial y la escasez de materias primas aventuran un arranque de año duro para el bolsillo de las familias. El resumen de la situación es bastante sencillo: casi todo va a subir. Y algunos servicios básicos, como la luz, el gas o los combustibles, de forma notable. Aunque el Gobierno y los organismos internacionales insisten en repetir que la inflación es un fenómeno temporal y quedará atrás, las finanzas particulares tendrán de momento que aguantar un enero de vértigo.

La luz y el gas, los grandes problemas

El precio de la luz, desbocado en la segunda mitad de año, va a arrancar 2022 con la misma tendencia alcista. El comportamiento de los precios del gas natural, el combustible que utilizan los ciclos combinados que sirven para casar el precio de la electricidad en la mayoría de las horas, está acelerado. 

Otros afectados por la crisis energética son la gasolina y el gasóleo, que se han encarecido cerca de un 25% desde que comenzó el año debido al aumento de la movilidad tras la primera fase de la pandemia y a la oferta limitada de petróleo que mantienen los grandes países productores.

Tampoco va a dar tregua el precio de la vivienda, que se espera se incremente en línea con el IPC.

Toda esta presión económica también pasa factura en el terreno psicológico, ya que se vislumbran más dificultades de lo normal y eso causa tensión, preocupación y nervios. Las fechas navideñas también son para descansar y para estar en familia y, en enero, hay que retomar muchas rutinas, como la vuelta al trabajo o al cole. Este componente tiene repercusión a nivel emocional.