Durante este mes de agosto, en Castellón, ha sido desahuciada un matrimonio con una discapacidad del 65%, sin ninguna alternativa habitacional, lo que ha provocado que hayan terminado viviendo en una tienda de campaña.

DESAHUCIADO UN MATRIMONIO DE DISCAPACITADOS SE VE EN LA NECESIDAD DE ACUDIR A VIVIR EN UNA TIENDA DE CAMPAÑA

Tras ser desahuciada, una pareja con una discapacidad del 65% vive en una tienda de campaña.

Toñi no ha tenido la oportunidad de trabajar desde hace 4 años, lo que ha impedido que tuvieran los recursos suficientes para abonar el alquiler de su piso, uno de los motivos que les llevaron al desahucio.

El matrimonio, ella de 55 años y él de 49 años, vivían en un antiguo piso en la ciudad de Castellón, con problemas de humedades y tuberías, pero por el que a pesar de ello, abonaban 400 euros, cantidad a la que no pudieron hacer frente.

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Ambos tienen una discapacidad superior al 65 %, por lo que reciben ayudas del Estado, en concreto, Toñi recibe aproximadamente 400 euros y su marido, alrededor de 600 euros, ya que cuenta con problemas más graves que ella.

Toñi aún puede trabajar, a excepción de unos pocos trabajos, pero a pesar de ello, no ha conseguido ningún trabajo durante estos últimos cuatro años.

Su desahucio se produjo en pleno mes de agosto, por lo que no había ningún hostal barato disponible, sólo habitaciones de hotel a precios desorbitados, que el matrimonio no podía afrontar.

Ante dicha situación, el matrimonio decidió pasar la primera noche en el rellano de la escalera de su antigua casa.

Sus familiares también están sufriendo dificultades económicas y problemas personales, motivo por lo que no han podido quedarse en su casa.

Además, al haber sido durante el mes de agosto, en el ayuntamiento les han hecho poco caso, ya que el concejal de la vivienda se encontraba de vacaciones.

Ante la falta de ayuda por parte del Ayuntamiento de Castellón, el matrimonio se trasladó a vivir a un camping de unos conocidos. Por alojarse en el camping pagan 23 euros al día, mientras esperan que el Ayuntamiento les de alguna solución.

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de la Redacción

El Tribunal Constitucional, inadmite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo, quién entiende que existe una doble imposición por el Impuesto sobre la producción de energía eléctrica (IVPEE) y el I.A.E, ya que su hecho imponible es prácticamente casi idéntico, y por tanto, considera el Tribunal Supremo que esta doble imposición va en contra del principio de no confiscariedad que recoge el artículo 31.1 de nuestra Constitución.

¿ES INCONSTITUCIONAL EL IVPEE?

El Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) ha sido un impuesto controvertido desde que fue aprobado en 2012. Si bien, el Tribunal Constitucional consideró que la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que regulaba al impuesto se ajustaba a la legalidad.

Sin embargo, en 2018, han vuelto a surgir las dudas sobre la constitucionalidad del IVPEE, pues el Tribunal Supremo ha planteado una nueva cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que ha sido recientemente inadmitida a trámite. No obstante, hay que tener en cuenta que, además, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite varios recursos de casación que actualmente se hallan pendientes de resolución.

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El Tribunal Supremo pone en duda la existencia o no de una finalidad extrafiscal en el IVPEE, y dada su proximidad al IAE, ambos tienen un hecho imponible casi idéntico o prácticamente igual, y por tanto gravaría así la misma manifestación de capacidad económica, podría contravenir el art. 31 CE.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional defiende que al ser el IVPEE un tributo de naturaleza estatal y el IAE local no resulta aplicable el art. 6 LOFCA y por tanto resulta un caso de doble imposición permitida que se justifica por el margen de configuración el legislador movido tanto por la existencia de distintos poderes tributarios en un Estado descentralizado, como por la dificultad de obtener toda la recaudación fiscal a través de una sola figura y, además concluye que no se aporta ningún dato que acredite o fundamente que el IVPEE tenga alcance confiscatorio.

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de la Redacción

España tiene un modelo de tributación basado en una mayor carga fiscal a los hogares y a los autónomos, con una gran reducción fiscal a las empresas. Desde la crisis, la carga fiscal de las familias se ha venido incrementando y la de las empresas reduciéndose.

ESPAÑA SE MANTIENE GRACIAS A LA ECONOMÍA FAMILIAR

Con el estallido de la crisis se hundió la recaudación en España. Las pérdidas de las empresas, la caída de los salarios, la destrucción de empleo y el parón del consumo desencadenaron el hundimiento de la recaudación. Esta pérdida de recursos públicos disparó el déficit y la deuda pública, por lo que el Gobierno se vio en la necesidad de intervenir para evitar el colapso del país.

Fue en dicho momento, cuando se estableció la subida del IVA y el IRPF, repercutiendo dicha medida de forma directa en los hogares. Con dicha medida, se evitó la quiebra del país, pero ahora que hemos salido de la crisis, se ha consolidado como un país que recauda exprimiendo a las familias.

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Los grandes impuestos que gravan a las familias han alcanzado máximos históricos de recaudación, pero el impuesto sobre sociedades apenas llega a la mitad de lo que aportaba en 2007.

Durante el año 2017 los hogares abonaron 76.000 millones de euros en concepto de IRPF, lo que supuso un aumento del 6% respecto al año anterior. La renta de los hogares también alcanzó su nivel más alto en 2017. Sin embargo, su renta ha crecido un 1,7% desde el estallido de la crisis y, sin embargo, el pago del IRPF se ha disparado un 17,3%.

Nunca antes las familias habían abonado semejante cuantía en concepto de IRPF, prueba de hasta qué punto soportan los niveles actuales de recaudación.

No sólo se han incrementado los impuestos directos que soportan los hogares, también los indirectos que gravan el consumo. Estos impuestos afectan menos a la actividad económica por lo que son buenos para fomentar el crecimiento, pero a quién más afectan es a los más pobres, por lo que su efecto de distribución de renta es negativo.

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de la Redacción