La decisión de la Sala de la Audiencia Provincial de Castellón, de suspender las ejecuciones hipotecarias de vencimiento anticipado supone un gran avance en la defensa de los afectados por estos lanzamientos, que podrán optar por un procedimiento ordinario.

SE ARCHIVAN LOS DESAHUCIOS POR VENCIMIENTO ANTICIPADO

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón ha empezado, en base a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a resolver la suspensión de las ejecuciones hipotecarias basadas en cláusulas abusivas de vencimiento anticipado.

Según el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), las cláusulas suelo de vencimiento anticipado permitían al acreedor instar la resolución del contrato hipotecario con el consumidor e iniciar un procedimiento de desahucio con el impago únicamente de una cuota o de los intereses. Al Considerar la Sala nula la cláusula por su carácter abusivo, al no contener una modulación de la gravedad de los incumplimientos contractuales por parte del consumidor.

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Una vez el procedimiento se archiva, la entidad financiera ya no puede instar de nuevo la ejecución hipotecaria y tiene que acudir a reclamar la deuda a un procedimiento ordinario, en el que el consumidor cuenta con más medios de defensa y no se ve abocado al desahucio de forma inmediata.

Si bien, para llevar a cabo el archivo de estos procedimientos se requiere siempre el consentimiento de los deudores.

La Sala Audiencia Provincial de Castellón ya ha iniciado los trámites de audiencia para saber si están de acuerdo con el sobreseimiento del proceso en función de sus intereses. Se calcula que serán aproximadamente 150 los procedimientos de ejecución hipotecaria que seguramente sean archivados en los próximos meses.

Se trata de una sentencia muy importante, ya que crea jurisprudencia de cara a futuros pleitos derivados de cláusulas abusivas.

Es cierto que esta sentencia supone una ventaja para los afectados, si bien, debemos ser conscientes que deja abierta la puerta a que cada juez considere si esa condición es beneficiosa para el deudor o no.

Si bien el tiempo que se gana con el procedimiento ordinario y las mayores posibilidades de defensa que se otorgan a los deudores, es una mejora muy positiva para la precaria situación de los mismos.

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de la Redacción

El banco Santander obligado a devolver más de 770 euros que cobró en comisiones por el retraso en el pago de las cuotas hipotecarias a un matrimonio, a pesar de que dicha sanción venía incluida en la cláusula del contrato que regulaba los intereses por demora en el pago.

COMISIONES INDEBIDAS POR EL RETRASO EN EL PAGO DE UNA CUOTA HIPTECARIA

Un matrimonio residente en Las Palmas, firmó el noviembre de 2007 una hipoteca con el Banco Santander la compra de una vivienda. Entre las condiciones de la hipoteca se escondía en letra diminuta una comisión por recibos impagados, que ascendía a 28 euros, a lo que además había que sumar el 10% del interés de demora en el pago que establecía el contrato.

Desde 2012 hasta 2018, es decir, durante 6 años en veinte ocasiones el banco Santander les cargó dicha comisión.

Es cierto, que los mismos habían incumplido el contrato, retrasándose con los pagos, pero las reclamaciones por impago se habían emitido de forma automática, esto quiere decir, que el banco no realizó

ninguna acción real para reclamar la liquidación de la deuda. Además, la cuantía de cada comisión fue incrementándose, de tal manera, que en 2013 era de 39 euros.

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“El cobro de la comisión objeto de la reclamación no responde, ni mucho menos, a los gastos o gestiones llevadas a cabo por la entidad para el cobro de las cantidades adeudadas, sino que actúa como una especie de sanción por la demora en el cumplimiento del pago”.

Pero eso significaba estar cobrando dos sanciones por el mismo motivo, lo cual es absolutamente desproporcionado y abusivo.

Además, el Banco de España había indicado en una de sus memorias que la imposición de una comisión por reclamación de posiciones deudoras debe vincularse a la existencia efectiva de gestiones de reclamación realizadas ante el cliente deudor, algo que en este caso no estaba justificado, al existir únicamente una simple carta periódicamente generada y enviada por un ordenador.

El Banco de España establece que esta acción del Santander es contraria a las buenas prácticas.

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La situación del acceso a la vivienda es un tema muy debatido en los últimos meses, los alquileres se han disparado, encontrándonos ante una auténtica burbuja del alquiler concretamente en la capital, lo que está provocando que se proyecte una nueva burbuja hipotecaria.

LAS POLÍTICAS NOS LLEVAR HACIA UNA NUEVA BURBUJA HIOTECARIA

En Madrid, hace 4 años Carmena anunciaba que sería una ciudad libre de desahucios. Pero lejos de ello, la situación de 2015 se agravó cuando se sumaron los desahucios por impago de alquiler y  por finalización del contrato.

El primer error, fue generar una expectativa imposible de cumplir, el ayuntamiento no tenía competencias en materia de vivienda ni era la autoridad judicial, por lo que no tenía capacidad para paralizar desahucios.

Con el nuevo ayuntamiento, parece que volveremos al escenario oscuro que teníamos, con dispositivos policiales para realizar los desahucios dignos de un ataque terrorista. Además, no parece que estén por la labor de ofrecer alternativas habitacionales tras el desalojo, como se ha hecho estos últimos 3 años.

Esto posiblemente provoque un aumento de la ocupación, como autotutela del derecho a la vivienda.

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Del boom hipotecario pasamos a la burbuja del alquiler, la reforma legislativa de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y, la masiva entrada de los fondos de inversión en el mercado de la vivienda, ha provocado el alza de los precios y el estallido de la misma.

De nuevo la hipoteca vuelve a parecer una opción mejor que el alquiler. Será que no hemos aprendido nada de la anterior crisis o que no nos dejan elección.

La respuesta es que no nos dejan elección y prueba de que nos constriñen a ello, es que se está preparando una reforma integral de la ley del crédito hipotecario para el 16 de junio que volverá a facilitar el acceso a las hipotecas.