Parece que las vecinas de la calle Argumosa 11, en Lavapiés, Juani y Mayra, familiares de Pepi, de momento seguirán en su casa.

PARALIZADO EL DECIMOTERCER DESAHUCIO EN ARGUMOSA

La plataforma “cascos azules” publicaba ayer en las redes sociales su nueva victoria, tras haber logrado paralizar el desahucio de Juana y Mayra.

Al lanzamiento acudieron al menos un centenar de personas a dar apoyo a las vecinas. Sin embargo, ningún tipo de policía acudió, tan solo la comisión judicial.

Se trata del decimotercer intento de desahucio en Argumosa, por lo que es un hecho que el centro de Madrid se ha convertido en el símbolo de la especulación. A pesar de ello, las vecinas de la calle Argumosa son positivas y tienen fe. 

Comenta uno de los vecinos que lo único que se puede hacer es esperar a que en el Congreso hagan un buen trabajo y renueven la Ley de Arrendamientos Urbanos y, que esta vez, no acuerden sólo un par de medidas improvisadas.

Añade que también debería penalizarse a los multipropietarios que tengan viviendas vacías y, regular el precio del alquiler de las mismas.

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Por otro lado, la situación de los propietarios no es mucho mejor según las manifestaciones de su representación legal que ha aclarado que dicho edificio no pertenece a un fondo buitre, sino a cuatro propietarios. La abogada de los propietarios ha declarado que es completamente falso que las rentas de los inmuebles se hayan triplicado y ha denunciado la situación de acoso y continuo derribo en la que se encuentran sus clientes.

La propiedad pertenece a cuatro propietarios con situaciones bastante especiales: una de ellas tiene 90 años, otra se encuentra incapacitada y, otro es tutor de su esposa incapacitada. Tal y como explica su abogada, han intentado de manera judicial y extrajudicial el pago de la renta de alquiler y, aun habiendo ganado el procedimiento judicial, se encuentran sin poder disponer de los inmuebles y, debiendo pagar los gastos generados por las mismas.

Se trata de una situación precaria para ambas partes, ya que no pueden pretender que sean los privados los encargados de colmar las lagunas de nuestro estado.

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de la Redacción

Tras las cláusulas suelo y el impuesto de actos jurídicos documentados llega la nueva batalla judicial entre los hipotecados y la banca, en este caso, por el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, lo que puede generar una nueva crisis a la banca española.

LA SENTENCIA QUE ESPERAN MILLONES DE HIPOTECADOS

El debate ya se encuentra en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), quién tendrá que decidir si ese índice está exento de cualquier tipo de control de transparencia, como decretó el Tribunal Supremo en su sentencia del 14 de diciembre de 2017.

Son más de 1,3 millones de personas los afectados que confiaron a ciegas en lo que su banco les vendía, ya que hasta el momento ha sido el segundo índice de referencia más utilizado en las hipotecas en España. Pero desde el principio, el valor del índice se mantuvo más alto que el Euribor, convirtiéndose en una mala decisión para millones de personas, que en la actualidad pagan 200 y 400 euros más al mes.

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Se trata de otro gran golpe para la banca y un gran riesgo financiero, si la justicia europea da la razón a los hipotecados, se estima un impacto de entre 7.000 millones y 44.000 millones de euros.

Por eso, muchas entidades se han asustado y han comenzado a ofrecer a sus clientes acuerdos para cambiar a una hipoteca a tipo fijo, obligándoles a firmar una cláusula de renuncia a futuras acciones.

El próximo 25 de febrero el TJUE celebrará la vista oral, pero no será hasta mediados de año cuando conoceremos si la justicia europea contradice a la española. El TJUE tiene que responder a tres cuestiones prejudiciales realizadas por un juzgado de primera instancia de barcelona.

En primer lugar, se cuestiona si el índice IRPH está exento de cualquier control de trasparencia, después de la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de diciembre de 2017, con la que pretendía dar carpetazo al asunto.

Por otro lado, tendrá que definir cómo quedarán las hipotecas si se decreta la nulidad de dicho índice, es decir, si el interés será cero o será sustituido por otro índice como el Euribor. Y, por último, si la devolución de los intereses se aplica con carácter retroactivo o no. 

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de la Redacción

Más de ocho millones de trabajadores no tienen la posibilidad de ahorrar, dado a sus escasos salarios y a la falta de incentivos fiscales, para la realización de los planes complementarios de jubilación. 

LOS PLANES DE PENSIONES SOLO FAVORECEN A LAS ALTAS RENTAS

En España existe una larga y fina línea roja que une el mercado laboral, con las pensiones y el ahorro. Dicha línea determina junto con la estructura fiscal, la calidad del Estado de bienestar de nuestra sociedad. 

La imagen no es muy prometedora, más de 6 millones de trabajadores perciben salarios que están por debajo del salario mínimo interprofesional y, otros 2,3 millones pertenecen a la franja llamada coloquialmente mileurista. Esto quiere decir, que casi el 50% de los españoles percibe un salario que imposibilita absolutamente cualquier esfuerzo de ahorro.

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Por ello la pregunta es, si la mitad de los trabajadores no tiene capacidad de ahorro, ¿cuál es la potencial expansión del mercado de los planes de pensiones?

Además, otro de los problemas asociados a nuestro país, no es sólo el hecho de que el ahorro atesorado en pensiones públicas se encuentre en alerta permanente de colapso, si no la rentabilidad de las pensiones privadas, ofrecidas por los bancos en España, es muy inferior a la que se registra en cualquier otro pa´is europeo.

Los bancos deberían ofrecer un servicio de consultoría en el que facilitaran información real sobre la rentabilidad de los planes de pensiones. 

Si los bancos aumentan la rentabilidad de este tipo de productos, como sucede en el resto de Europa, se vería reflejado en un aumento del ahorro para la jubilación.

Para conseguir que la clase media se incorpore al ahorro de pensiones, se la debe incentivar. Para ello, habrá que comenzar por un proyecto de subidas salariales y reformar la estructura fiscal para los fondos. A día de hoy la carga fiscal, solo atrae a aquellos que ganan más de 60.000 euros al año. 

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de la Redacción