De nuevo en discusión el impuesto de sucesiones y donaciones, que grava las herencias de forma diferente según las comunidades autónomas, puesto que se trata de un gravamen transferido a cada comunidad autónoma.

LA POLÉMICA DEL IMPUESTO DE SUCESIONES

El impuesto de sucesiones y donaciones, siempre ha sido muy polémico, ya que no parece muy justo pensar que, el coste de la herencia dependa de la Comunidad Autónoma en la que residido el difunto durante los últimos años.

En el último tiempo, algunos territorios como Andalucía, Aragón o Murcia han acordado reducir este impuesto o bonificarlo, en algunos casos hasta el 100%.

Pero el problema de que este cedido a las comunidades autónomas es que tienen absoluta discrecionalidad para decidir el gravamen lo que genera una enorme desigualdad entre territorios, ya que en algunas zonas se paga más del 30% y en otras nada.

Al fin de acabar con esta desigualdad, hoy se plantea en el Pleno del Congreso una propuesta de ley que dejaría sin efecto este impuesto en toda España, y que bonificaría al 100% el gravamen tanto por las herencias de padres a hijos y cónyuges, como por las de abuelos a nietos.

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Además, la iniciativa también propone que, junto a las reducciones y bonificaciones por razón de parentesco, la iniciativa también establece otras reducciones, como por razón de discapacidad o dependencia, que se fija en 180.000 euros para las herencias o donaciones de las que sean beneficiarios personas que acrediten un grado de discapacidad de, al menos, el 33 % o situación de dependencia moderada.

Y en la cantidad 360.000 euros para las herencias o donaciones por personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 66% o situación de dependencia severa o gran dependencia.

El único problema es que se tendrá que buscar una fórmula alternativa de financiación autonómica, que palíe la falta de recaudación que tendrán las CCAA por este impuesto.

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de la Redacción

Si no aplicamos un plan alternativo y tomamos medidas, la marcha atrás en la reforma de las pensiones de 2013, pasará factura a la economía española, que llegará a pagar una cuantía equivalente a un tercio de las rentas totales del trabajo.

SI SEGUIMOS A ESTE RITMO, LAS PENSIONES SUPONDRÁN UN TERCIO DE LAS RENTAS

La revalorización de las pensiones conforme al IPC y, el aplazamiento de la activación del factor sostenibilidad al 2023, aumentarán el gasto y por tanto, el déficit acumulado. Financiar la Seguridad Social implicará fuertes alzas fiscales y de cotizaciones.

Con nuestro actual escenario demográfico, o abordamos nuevas reformas que sostengan la factura de las pensiones, o el déficit se duplicará hasta el entorno del 3,6% del PIB anual y la deuda de la Seguridad Social llegará a equivaler a toda la producción de bienes y servicios del país en un año.

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Solo si consiguiéramos mejorar la productividad, asignatura pendiente de la economía española y, se consiguiésemos un incremento de la inmigración cualificada hispanoparlante, que pudiera incorporarse al mercado laboral, con un salario medio-alto, se podría llegar a paralizar el aumento de la deuda y por ende, el déficit de la Seguridad Social, que se calcula que llegará a los 21.000 millones el próximo año.

Como es prácticamente imposible, que ambos parámetros se den conjuntamente sin ningún cambio, es necesario tomar cartas en el asunto. Se deben acordar medidas que mitiguen el alza del gasto y el castigo fiscal que sufrirán los contribuyentes que no sólo tendrán que sufragar el sobrecoste de las pensiones, sino también el aumento del número de beneficiarios, puesto que a partir del 2023 se empieza a jubilar la generación del baby-boom, suceso que coexistirá con la mayor longevidad y el envejecimiento demográfico.

Por ejemplo, a través de una revalorización de las pensiones vinculada al IPC, pero suavizada en función de la evolución de los ingresos y los gastos, de tal modo que si los ingresos solo cubren a día de hoy el 80% de los gastos, el índice de revalorización sería sólo de un 80% del IPC. De esta manera se descargaría un poco a la Seguridad Social y no sufrirían una pérdida del poder adquisitivo.

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de la Redacción

Desde el pasado 16 de octubre, tras la emisión de la sentencia que establecía el nuevo sujeto pasivo de la liquidación del impuesto hipotecario, la tensión en el Tribunal Supremo no para de aumentar.

LA BALANZA UNA VEZ MÁS, TIENDE HACIA EL CLIENTE

Quedan poco más de 10 días para que se reúna el Pleno y dirima de forma definitiva si este tributo deberá ser abonado por el banco que otorga la hipoteca o si será el cliente, quién recibe la hipoteca el obligado al pago del mismo.

Parece que la guerra abierta en la Sala de lo Contencioso Administrativo puede acabar inclinando la balanza una vez más hacia el cliente.

La discusión parte quién es el sujeto pasivo en la segunda parte de ese impuesto, los actos jurídicos documentados, partiendo de la base de que se trata de un préstamo particular, en tanto en cuanto se encuentra garantizado por una hipoteca.

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El núcleo de la cuestión está en el hecho de que si se tiene sólo en cuenta la garantía, la vivienda, el sujeto pasivo sería el banco, dado que la misma pasaría a ser suya en caso de incumplimiento, por lo que se constituye a su favor. Si por el contrario, tenemos en cuenta exclusivamente el préstamo, el sujeto pasivo sería el consumidor, que es quién percibe la cantidad económica.

La polémica sentencia del pasado 16 de octubre, determinaba que este sujeto pasivo es el banco, puesto que el documento del que se habla es una escritura pública necesaria para validar una hipoteca y que se debe inscribirse en el Registro de la Propiedad. Gracias a la misma, el banco se garantiza varios extremos, lo que indudablemente le beneficia.

Las previsiones son que el pleno confirme el criterio de la sección, pero el meollo de la cuestión son los efectos reales que tendrá esta decisión. Es decir, el debate no es tanto quién lo debe pagar a futuro, ya que los bancos ya han advertido que, si lo deben abonar ellos, elevarán de media un 5% los tipos de intereses de las hipotecas. Si no el umbral de retroactividad que se aplicará.

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de la Redacción