La historia de tantas familias, primero son desahuciadas por impago de su hipoteca, tras varias batallas consiguen un alquiler social por el piso en el que viven y, cuando finaliza el precio del que era un alquiler social llega a duplicarse o triplicarse, forzando a los inquilinos a irse o, en los casos más desesperados, a un procedimiento de desahucio.

PRIMERO LA DESAHUCIAN POR LA HIPOTECA Y LA VUELVEN A DESAHUCIAR POR EL ALQUILER SOCIAL

La historia de Alicia y su familia, es como la de muchas otras familias en nuestro país. Alicia fue desahuciada por impago de su hipoteca en el Deutsche Bank en 2012, y en mayo de 2013 consiguió un piso con alquiler social de 400 euros mensuales, dónde desde entonces ha vivido con sus hijos y su nieto.

El pasado mes de mayo, su contrato de alquiler social venció y, el banco la comunicó que la casa había sido comprada por un fondo “buitre” y, que tenía que irse.

Desde entonces, continúa en la vivienda intentando que le renueven el contrato, pero estos fondos se niegan a negociar, hostigan a las personas y, tratan incluso de impedirles entrar en su propia casa.

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Alicia es una de las víctimas de un fenómeno cada vez más frecuente: hay muchas personas que, tras un primer desahucio, optaron por un alquiler social, pero ahora se enfrentan a un nuevo desahucio tras una brutal subida del alquiler acordado. El problema es que muchas de estas propiedades que han sido alquiladas a precios reducidos por los bancos, han sido vendidas a fondos de inversión inmobiliaria, que ahora se niegan a renovar los alquileres sociales.

Los alquileres sociales renacieron tras los desahucios post crisis, junto a otras medidas como la dación en pago. Este tipo de alquileres por debajo de los precios del mercado en creciente ascenso, estaban reservados sólo a algunos de los afectados por los desahucios por hipoteca: familias con dos hijos menores, madres solteras, personas en situación de discapacidad o desempleo sin prestaciones. Pero ahora si no se los renuevan, se verán en la calle, las listas para acceder a un alquiler social son interminables.

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de la Redacción

Solo 650.000 peticiones han sido aceptadas, es decir, tan sólo un 25% de los actuales beneficiarios se han podido acoger al nuevo bono social eléctrico, que establece descuentos entre el 25% y el 40%. Pensionistas, viudas y familias numerosas han visto desestimada su solicitud porque sus trámites eran muy complicados.  

1,7 MILLONES DE BENEFICIERIOS, CORREN EL RIESGO DE QUEDARSE SIN EL BONO SOCIAL ELÉCTRICO

El próximo 8 de octubre vencerá el plazo para solicitar el nuevo bono social eléctrico, que da descuentos a las personas con rentas más bajas o en situaciones de vulnerabilidad, y hasta el momento, solo el 25% de los actuales beneficiarios lo han conseguido.  La complejidad de los trámites y la ínfima información facilitada, está creando que decenas de miles de solicitudes estén siendo denegadas o ni siquiera se hayan tramitado. 

Además, no podemos olvidar que nos encontramos en un momento en el que el coste de la luz se ha disparado y está a punto de alcanzar máximos históricos. 

Con la reforma de octubre de 2017, los criterios se han endurecido y, están generando verdaderos quebraderos de cabeza a muchos.

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Ahora, a los pensionistas se les exige que sólo tengan ingresos por medio de la pensión y que está no supere  la cuantía mínima vigente. El problema ha sido que muchos pensionistas además de la pensión, perciben un “extra” de los rendimientos que genera la cuenta corriente, cantidad que en la mayoría de las ocasiones no llega ni siquiera a 10 euros. 

Resulta absurdo que una persona con una pensión mínima pueda quedar excluida de este bono, por haber recibido un ingreso "extra" de 7 euros anuales.

En el caso de las viudas, la cosa se complica aún más, ya que dicha figura en si desapareció y, ahora deben solicitar el bono social acogiéndose a una renta mínima.

Otro gran problema, surge con muchas de las familias numerosas o con menores rentas, que uno de los requisitos es que todos los componentes del núcleo familiar se encuentren empadronados en el mismo domicilio, cosa que en la mayoria de casos no sucede.

A ello, debemos sumar el hecho de que los encargados de tramitar las peticiones son las propias compañías de electricidad, sin oficinas ni personal suficiente para llevar acabo dicho tramite, lo que genera que no se ofrezca ningun servicio de informacion

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de la Redaccion

El juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid da la razón a la Asociación de Usuarios Financieros, impulsora de una demanda colectiva y, ha anulado varias cláusulas de la hipoteca Tranquilidad, comercializada en 2007 por la entidad Banesto.

DECLARÁN ABUSIVAS SEIS CLÁUSULAS DE UNA HIPOTECA DEL BANESTO

El juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha declarado abusivas varias cláusulas de la hipoteca “Tranquilidad”, al no ofrecer al cliente la "necesaria comprensibilidad" en cuanto al alcance y los riesgos del contrato.

Concretamente, decreta nulas seis cláusulas de un préstamo que, aunque ofrecía un tipo de interés fijo durante los diez primeros años, realmente conllevaba una subida del 2,5% anual durante toda su vigencia.

Los puntos sobre los que se pronunció el fallo y declaró nulos, son la amortización, los intereses ordinarios y el tipo de interés variable, ya que existía una gran falta de información.

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El juez decreta que el que las cláusulas "sean gramaticalmente comprensibles y claras" no las dota "de la necesaria comprensibilidad material del alcance y riesgos económicos y jurídicos" para acreditar que el cliente era conocedor de aquello que contrataba.

En la sentencia se critica el hecho de que no se advirtiera al cliente de cómo podría cambiar el comportamiento del mercado ante la oscilación de tipos de interés, sobre todo ante una bajada de los tipos que convertiría a esta hipoteca en un producto menos conveniente respecto a otros con cuota variable.

La sentencia, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, estima nulos otros puntos del contrato relativos a los intereses de demora, que en este caso se aplicaba un incremento porcentual de seis puntos, así como al vencimiento anticipado.

Por otro lado, también elimina la cláusula que obliga al usuario al pago de la totalidad de gastos e impuestos derivados de la formalización de la hipoteca, (los de notaría, tramitación, registro de la propiedad) y, de todos los tributos que graven el capital o los intereses de las operaciones bancarias.

Y por último, acuerdo que el fallo sea publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) y en un periódico de tirada nacional para que el resto de afectados puedan reclamar.

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de la Redacción