LA POLÉMICA REFORMA FISCAL DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ
La reforma que plantea el nuevo Gobierno gira sobre tres aspectos clave: introducir un impuesto de nueva creación para las grandes tecnológicas, implantar aplicar un tributo finalista sobre la banca y reformar el impuesto de sociedades para establecer un tipo efectivo mínimo del 15%.
LA REFORMA FISCAL PLANTEADA POR EL GOBIERNO PODRÍA QUEBRANTAR EL SISTEMA FINANCIERO
El Gobierno de Pedro Sánchez pretende aplicar un tributo finalista sobre la banca con el objetivo de levantar 1.000 millones de euros con los que cubrir el déficit de las pensiones.
Las entidades bancarias han advertido de los posibles efectos colaterales que puede suponer esta mayor carga tributaria, como por ejemplo el encarecimiento de los créditos.
Sin embargo, este nuevo impuesto que quieren implantar a la no se podría incluir en los Presupuestos Generales de 2019, ya que se trata de una figura tributaria de nueva creación que requiere un proyecto de ley que debe ser tramitado en el Congreso.
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Otra de las medidas, que ha levantado bastante revuelo ha sido la reforma del impuesto de sociedades, para establecer un tipo mínimo del 15%.
El Gobierno de Pedro Sánchez pretende revisar el tipo nominal al que se deducen las compañías los créditos fiscales y limitar las exenciones que permiten a las empresas rebajar la factura del impuesto de sociedades, cuyo tipo general se sitúa en el 25% y para la banca en el 30%. Se trataría de 'neutralizar' el uso de los créditos fiscales, cuando su activación permita a una empresa reducir el tipo efectivo del tributo, de tal modo que el tipo efectivo no puede ser inferior al 15%, lo que tendría un efecto negativo sobre el resultado de las empresas.
Reducir el tipo nominal al que se deducen las compañías los créditos fiscales o eliminar esta deducción, podría suponer un quebranto del sector financiero.
Según han comentado fuentes expertas, el problema no reside en los tipos fiscales, sino en la recaudación, por lo que la subida del tipo mínimo del impuesto tendría dos grandes consecuencias: disminuiría la renta disponible, con un efecto en la demanda interna, y reduciría la competitividad de las empresas.
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de la Redacción
