02.05.2019 12:19

Uno de los primeros objetivos del Gobierno de Pedro Sánchez, tras haber ganado las elecciones, es el de incrementar la capacidad fiscal de la administración pública para poder aumentar el gasto social.

LA FUTURA REFORMA FISCAL

Esto ya lo intento en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que no lograron sacar adelante. La realidad, es que no podrán ser aprobados hasta bien entrado el año, motivo por el que, si pretende mantener sus perspectivas de ingresos, deberá aplicar retroactivamente las alzas fiscales propuestas.

La ley permite que el ejecutivo aprueba una subida fiscal con el año empezado retroactivamente, siempre y cuando se recoja en el articulado de la reforma. A mayor abundamiento en impuestos que se liquidan anualmente.

Además, es una medida que el Tribunal Constitucional ha avalado durante la crisis económica. Si bien, es cierto, que no es una medida que se puede llevar a cabo con todas las figuras fiscales, se podría llevar a cabo con el impuesto de sociedades o el IRPF, pero con el IVA, la tasa Google o la tasa Tobin.

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Advierten los expertos, que, de llevarse a cabo una retroactividad fiscal del tipo, se podría generar una judicialización similar a la que se produjo cuando se puso en marcha el pago fraccionado de Sociedades y el adelanto de recaudación de las empresas.

Por ello, deberían tener en cuenta la ulterior reacción popular, para valorar si realmente es factible o no este tipo de reforma para asegurar los planes de ingresos del Gobierno.

Por otro lado, algunos expertos entienden que, si no se despilfarra en gasto, no sería ni siquiera necesario aplicar esta fórmula, ya que se ha confirmado que el déficit del PIB para el 2019 pasará al 2%.

Esta reforma pretende incrementar el IRPF en dos puntos a aquellas rentas que superen los 130.000 euros y, de cuatro para las de más de 300.000 euros. Y un incremento de un punto para las grandes fortunas.

Además, para las Sociedades se prevé un paquete de medidas que consistirá por un lado en limitar las exenciones para evitar la doble imposición y, por otro lado, se exigirá una tributación mínima, de un 15% sobre la base imponible del Impuesto de Sociedades, que será del 18% en el caso de las entidades financieras y de las empresas de hidrocarburos.

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De la Redacción