RIESGO A QUE SE DISPAREN LOS DESAHUCIOS
La ley hipotecaria, que se está tramitando a marchas forzadas para evitar la multa con la que amenaza Europa, incluirá una cláusula de retroactividad que puede desbloquear miles de desahucios en nuestro país.
CORREMOS EL RIESGO DE UN ALUVIÓN DE DESALOJOS
La polémica creada por nuestro Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas no ha acabado. Aún deben ser publicadas las tres nuevas sentencias del Alto Tribunal, que deberán razonar porque son los clientes los obligados al pago del impuesto, en contra de lo decretado en las resoluciones del pasado mes de octubre.
Esta disputa ha estado ocultando el verdadero motivo que hay detrás de la tramitación de la legislación hipotecaria. Con la misma, se busca equiparar los derechos de los ciudadanos en materia de hipotecas a los de los ciudadanos europeos. Nuestra legislación actual está dificultando la labor de los jueces, prueba de ello, son las propias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, que no han sido aplicadas correctamente en nuestro país.
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El Gobierno del Partido Popular en su momento fue incapaz de trasponer la directiva europea sobre los préstamos hipotecarios de 2014. Ahora se trata de evitar la multa con la que amenaza Europa de 105.000 euros al día y, aprobar de forma forzada la nueva ley hipotecaria.
Hace unos meses, ante el drama de los desahucios, cuatro magistrados y el propio tribunal Supremo preguntaban al TJUE qué hacer. En febrero de 2017, muchas audiencias decidían suspender miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, hasta que obtuvieran una respuesta. Si dentro de unos meses el Tribunal europeo aplicara su propia jurisprudencia, se produciría un sobreseimiento masivo de estos expedientes de desahucio. Un alivio para los afectados y un revés para la banca.
El problema es que el proyecto de ley que se está tramitando, puede llegar a interferir en este proceso si incluyen una peligrosa disposición transitoria primera que prevé que su aplicación sea con efectos retroactivos (lo que no se ha acordado el impuesto hipotecario).
La nueva ley elevará a 12 cuotas los impagos necesarios para poder solicitar la ejecución, lo que supondría decir adiós a la alegación más común de nuestros días, abusividad, lo que perjudicaría a los procedimientos en curso, porque ya no se decretaría su nulidad. Todo esto podría llegar a provocar un aluvión de desahucios.
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de la Redacción
